Jueves 22 de Febrero de 2007
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Integración
Aunque falta mucho, un paso más
Los aportes de la reciente ley nacional de educación vinculados con la educación inclusiva
Con el inicio del ciclo lectivo, estudiantes, maestros, padres y entidades del sistema escolar de nuestro país comenzarán a transitar y descubrir los cambios que el 14 de diciembre último se debatieron en el Congreso de la Nación. Ese día se aprobó, por amplia mayoría, la ley nacional de educación, que aumenta el período de escolaridad obligatoria de 10 a 13 años y unifica el sistema educativo nacional, entre otras modificaciones. Consultados por LA NACION, académicos y especialistas opinaron sobre las propuestas que la nueva norma establece para la educación inclusiva, un punto muy importante para los alumnos con discapacidades. La directora de la Fundación Par, Marina Klemensiewicz, opinó: "La ley no ha modificado la mayoría de las cuestiones puntuales que observamos anteriormente, junto con varias organizaciones. Sin embargo, es muy positivo cómo establece enfáticamente la condena a la discriminación dentro del sistema educativo, y una lectura global del documento definitivo permite reconocer más salvaguardias para los alumnos con discapacidad". Mientras que el profesor de educación especial Alfredo Bértola enfatizó que la ley "no prevé la accesibilidad edilicia ni la tecnológica como así tampoco la reparación integral de la comunidad educativa. ¿Cuántas escuelas comenzarán este nuevo ciclo lectivo con intérprete de lengua de señas, con plena accesibilidad edilicia?", se preguntó el educador. Ventajas y desventajas "La virtud es que se habla y se tiene en cuenta a los niños con necesidades educativas especiales, y da como manifiesto el derecho de aprender, y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Existe una inclinación hacia una ética en la diversidad", opinó Bértola. Por su parte, Klemensiewicz agregó: "Esta ley reconoce la necesidad de la accesibilidad en todos los edificios escolares. Marca la necesidad de la colaboración de los equipos especiales con la escuela común, e introduce el estudio de los instrumentos internacionales de derechos humanos". Para el maestro de educación especial, la nueva ley presenta ciertas dudas. "No queda claro hacia qué tipo de educación aspira. Se utilizan los conceptos integración e inclusión como si fueran sinónimos y no lo son. Esto puede dar lugar a diferentes lecturas y llegar a contraponer acciones que se sentirán amparadas por la ley. Tampoco especifica el rol de las escuelas especiales en este nuevo enfoque", dijo Alfredo Bértola. Al respecto, Elena Dal Bó, docente de la Universidad Nacional de La Plata, explicó: "Una escuela inclusiva es aquella que puede atender a todos los alumnos con los apoyos de los equipos que están hoy en las escuelas especiales. En cambio, la integración escolar está caracterizada por una escuela común, que recibe a un niño con discapacidad esperando que él pueda adaptarse a la escuela". La presidenta de la Fundación Par advierte: "No se desprende la base filosófica que sostiene la postura de quienes gestaron esta norma en relación con el lugar que merecen las personas con discapacidad en la sociedad. Por último, es grave que cuando se menciona la obligación de los alumnos de conocer instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y de la Mujer, se omite la Convención por la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad". Bértola cuestionó: "La ley de educación nacional está lejos de promover la inclusión de niños con necesidades educativas especiales", y advirtió que "provocará un rechazo en la sociedad, que podría retrasar en años la verdadera escuela para todos". La representante de la Fundación Par comentó: "No creo que la ley tenga la capacidad de generar políticas inclusivas para los alumnos con discapacidad. Aunque es cierto que puede ser un instrumento útil a la hora de abogar por la inclusión ya que define la integración como objetivo del sistema educativo y establece la no discriminación como principio rector". Dal Bó sostuvo: "La ley no tiene la claridad y definición necesaria para impulsar políticas que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos educativos que hoy llamamos comunes. Esperemos que la reglamentación de la norma aclare y defina esas zonas grises". Más allá de la ley Desde el Congreso de la Nación, la senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales observó: "Hasta ahora, la integración se había planteado como una lucha solitaria de los padres, la mayoría de los cuales apelaba a toda clase de recursos, incluso pagando de su propio bolsillo a docentes integradores con tal de asegurarles a sus hijos el derecho de estudiar y aprender. Para corregir esto, una ley es insuficiente; hacen falta gestos concretos en favor de esta franja tan importante de nuestra población, sobre todo enfocando los esfuerzos tanto financieros como políticos para dar cumplimiento a las metas establecidas en el texto promulgado, porque leyes de protección de la discapacidad hay muchas, el problema es que no se cumplen". La vocal de la Comisión de Educación de la Cámara alta insistió: "Más allá de lo que dispone la ley nacional de educación en cuanto a la obligación que tienen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la integración de los niños con capacidades diferentes no dependerá de esta ley en sí misma, sino de las políticas educativas, sociales y culturales que se establezcan en cumplimiento de la misma. Si no se producen grandes cambios en el sistema educativo nacional, será muy difícil integrar a un niño con capacidades diferentes, entre otros motivos por las condiciones en las que se llevan adelante las tareas educativas". Por último, la legisladora tucumana Pinchetti de Sierra Morales remarcó: "Hace falta incluir expresamente en el presupuesto una importante asignación especial que permita solventar la inversión que hace falta. De lo contrario, asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del programa escolar será una mera expresión de deseo por la imposibilidad económica de atender cada una de estas particularidades de la educación especial". Sergio Gutiérrez Link corto: http://www.lanacion.com.ar/885209
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Aunque falta mucho, un paso más
Los aportes de la reciente ley nacional de educación vinculados con la educación inclusiva
Con el inicio del ciclo lectivo, estudiantes, maestros, padres y entidades del sistema escolar de nuestro país comenzarán a transitar y descubrir los cambios que el 14 de diciembre último se debatieron en el Congreso de la Nación. Ese día se aprobó, por amplia mayoría, la ley nacional de educación, que aumenta el período de escolaridad obligatoria de 10 a 13 años y unifica el sistema educativo nacional, entre otras modificaciones. Consultados por LA NACION, académicos y especialistas opinaron sobre las propuestas que la nueva norma establece para la educación inclusiva, un punto muy importante para los alumnos con discapacidades. La directora de la Fundación Par, Marina Klemensiewicz, opinó: "La ley no ha modificado la mayoría de las cuestiones puntuales que observamos anteriormente, junto con varias organizaciones. Sin embargo, es muy positivo cómo establece enfáticamente la condena a la discriminación dentro del sistema educativo, y una lectura global del documento definitivo permite reconocer más salvaguardias para los alumnos con discapacidad". Mientras que el profesor de educación especial Alfredo Bértola enfatizó que la ley "no prevé la accesibilidad edilicia ni la tecnológica como así tampoco la reparación integral de la comunidad educativa. ¿Cuántas escuelas comenzarán este nuevo ciclo lectivo con intérprete de lengua de señas, con plena accesibilidad edilicia?", se preguntó el educador. Ventajas y desventajas "La virtud es que se habla y se tiene en cuenta a los niños con necesidades educativas especiales, y da como manifiesto el derecho de aprender, y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Existe una inclinación hacia una ética en la diversidad", opinó Bértola. Por su parte, Klemensiewicz agregó: "Esta ley reconoce la necesidad de la accesibilidad en todos los edificios escolares. Marca la necesidad de la colaboración de los equipos especiales con la escuela común, e introduce el estudio de los instrumentos internacionales de derechos humanos". Para el maestro de educación especial, la nueva ley presenta ciertas dudas. "No queda claro hacia qué tipo de educación aspira. Se utilizan los conceptos integración e inclusión como si fueran sinónimos y no lo son. Esto puede dar lugar a diferentes lecturas y llegar a contraponer acciones que se sentirán amparadas por la ley. Tampoco especifica el rol de las escuelas especiales en este nuevo enfoque", dijo Alfredo Bértola. Al respecto, Elena Dal Bó, docente de la Universidad Nacional de La Plata, explicó: "Una escuela inclusiva es aquella que puede atender a todos los alumnos con los apoyos de los equipos que están hoy en las escuelas especiales. En cambio, la integración escolar está caracterizada por una escuela común, que recibe a un niño con discapacidad esperando que él pueda adaptarse a la escuela". La presidenta de la Fundación Par advierte: "No se desprende la base filosófica que sostiene la postura de quienes gestaron esta norma en relación con el lugar que merecen las personas con discapacidad en la sociedad. Por último, es grave que cuando se menciona la obligación de los alumnos de conocer instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y de la Mujer, se omite la Convención por la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad". Bértola cuestionó: "La ley de educación nacional está lejos de promover la inclusión de niños con necesidades educativas especiales", y advirtió que "provocará un rechazo en la sociedad, que podría retrasar en años la verdadera escuela para todos". La representante de la Fundación Par comentó: "No creo que la ley tenga la capacidad de generar políticas inclusivas para los alumnos con discapacidad. Aunque es cierto que puede ser un instrumento útil a la hora de abogar por la inclusión ya que define la integración como objetivo del sistema educativo y establece la no discriminación como principio rector". Dal Bó sostuvo: "La ley no tiene la claridad y definición necesaria para impulsar políticas que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos educativos que hoy llamamos comunes. Esperemos que la reglamentación de la norma aclare y defina esas zonas grises". Más allá de la ley Desde el Congreso de la Nación, la senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales observó: "Hasta ahora, la integración se había planteado como una lucha solitaria de los padres, la mayoría de los cuales apelaba a toda clase de recursos, incluso pagando de su propio bolsillo a docentes integradores con tal de asegurarles a sus hijos el derecho de estudiar y aprender. Para corregir esto, una ley es insuficiente; hacen falta gestos concretos en favor de esta franja tan importante de nuestra población, sobre todo enfocando los esfuerzos tanto financieros como políticos para dar cumplimiento a las metas establecidas en el texto promulgado, porque leyes de protección de la discapacidad hay muchas, el problema es que no se cumplen". La vocal de la Comisión de Educación de la Cámara alta insistió: "Más allá de lo que dispone la ley nacional de educación en cuanto a la obligación que tienen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la integración de los niños con capacidades diferentes no dependerá de esta ley en sí misma, sino de las políticas educativas, sociales y culturales que se establezcan en cumplimiento de la misma. Si no se producen grandes cambios en el sistema educativo nacional, será muy difícil integrar a un niño con capacidades diferentes, entre otros motivos por las condiciones en las que se llevan adelante las tareas educativas". Por último, la legisladora tucumana Pinchetti de Sierra Morales remarcó: "Hace falta incluir expresamente en el presupuesto una importante asignación especial que permita solventar la inversión que hace falta. De lo contrario, asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del programa escolar será una mera expresión de deseo por la imposibilidad económica de atender cada una de estas particularidades de la educación especial". Sergio Gutiérrez Link corto: http://www.lanacion.com.ar/885209
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